El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó las medidas que restringen desde el 2 de octubre la movilidad en diez municipios de la región, entre ellos la capital, al entender que son "una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare".
La sección octava de la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal ha denegado la ratificación de estas medidas por considerar que afectan a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, y que esto excede las atribuciones de la ley sobre la que se basó la orden. Más de cinco millones de ciudadanos tenían limitada su movilidad por las nuevas restricciones implementadas desde el pasado viernes.
“Dicho de otro modo, los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de Ley, que reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas por las exigencias de seguridad jurídica y certeza del derecho", añade el fallo.
"Vamos a anunciar unas medidas sensatas, justas y ponderadas en las próximas horas", ha confirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para lo que ha pedido ayuda "pero no imposición" al Gobierno central.
"Los hosteleros de Madrid ya no pueden más. Nadie entiende las normas", ha continuado, después de recordar que los magistrados también han entendido que las medidas del confinamiento de Madrid y otros nueve municipios no estaban bien justificadas jurídicamente. Con respecto a esto, la presidenta 'popular' ha solicitado "una normativa sencilla, clara, que todas las CCAA podamos cumplir y hacer cumplir" para gestionar el control de la pandemia de coronavirus.
Qué pasará finalmente está por ver. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha convocado para hoy al 'grupo covid' para concretar nuevas líneas de actuación y ha advertido que no entrará en cualquier asunto que no se centre en la salud de los ciudadanos. Y es que ese es el mensaje del Gobierno tras el fallo judicial.