La Justicia de Extremadura pone fin a un largo litigio que dio inicio en 2007 acerca del uso de tierras protegidas para construir un complejo de viviendas vacacionales, hoteles y hasta campo de golf ordenando la demolición de todas las construcciones.
El resort de lujo de Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres, Extremadura cuenta entre sus propietarios a algunos de los personajes VIP de la política entre los que se cuentan los Aznar, Gómez-Acebo, López-Ibor y directivos de grandes empresas como el Banco Santander, Banca Rothschild, Telefónica, Bank of America o Credit Suisse, Todos ellos atraídos por su aparente cercanía con la capital -a 180 kilómetros de Madrid- y su precio, en torno a medio millón de euros, pero ni siquiera eso pudo frenar al nuevo fallo de la justicia que ahora exige "la reposición de los terrenos a la situación anterior a la aprobación de dicho proyecto", esto implicaría la demolición de 185 lujosas villas privadas construidas y en funcionamiento más el hotel de 150 habitaciones, más todas las obras paralizadas por otro fallo judicial de otro hotel y otras viviendas.
Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres, es el paraíso extremeño de los vips madrileños, que hasta ahora habían evitado el peor de los escenarios. Es decir, que todas las viviendas ya construidas y donde desde hace años veranean algunos de los apellidos más ilustres de nuestro país tuvieran que ser demolidas. Esta exclusiva isla privada (con una extensión de 133 hectáreas y rodeada por el pantano de Valdecañas) que en su día comercializaron Beltrán Gómez-Acebo y Jaime López-Ibor, contemplaba la construcción de varios hoteles, un campo de golf y más de 500 viviendas de lujo. De los dos hoteles proyectados, de 150 habitaciones, uno está terminado y en funcionamiento, mientras que el segundo se encuentra con parte de la estructura ejecutada, si bien la construcción está paralizada. En cuanto a las viviendas, se han terminado 185 villas frente al total de 565 residencias que se pensaban construir.
Año 2007: Empieza la polémica
Se dio el visto bueno a su construcción. La Asamblea de Extremadura aprobó, con los votos a favor del PSOE y del PP (los únicos partidos que ocupaban todos los escaños) que Isla de Valdecañas fuera un Proyecto de Interés Regional (un PIR). Eso permitió recalificar los terrenos donde se iba a levantar el resort turístico, ya que hasta entonces estaban catalogados como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) donde no se podía construir porque era un lugar no urbanizable. Pero tras la aprobación del PIR, en ese mismo año se iniciaron las obras sobre algo más de 130 hectáreas de terreno protegido. Esto hizo que Ecologistas en Acción y Adenex estuvieran en desacuerdo con el proyecto.
Entonces se inició la batalla judicial: estas organizaciones ecologistas llevaron hasta los tribunales la construcción al considerarla ilegal por estar en una zona incluida en la Red Natura 2000.
Año 2010: abre parte del complejo
En 2010 abrió parte del complejo. 185 chalés, un hotel de 80 habitaciones, un club social, un campo de golf de 18 hoyos, zonas de baño e instalaciones deportivas (pistas de tenis, pádel, una marina con 76 atraques…) ya estaban construidos. Había chalés vendidos y el hotel empezaba a funcionar.
Año 2011: primer varapalo del TSJEx
En 2011 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) consideraba ilegal el PIR aprobado por la Asamblea en 2007 y daba la razón a las organizaciones ecologistas. Obligaba a reponer los terrenos ya construidos a su estado original y se paralizaron las obras cuando ya estaba la primera fase del proyecto de construcción listo.
Ese mismo año la Junta de Extremadura recurrió la sentencia y modificó la Ley de Suelo para permitir la urbanización de terrenos protegidos para intentar dar cobertura legal al Proyecto de Interés Regional.
Año 2014: El Supremo da la razón a los ecologistas
El segundo varapalo vino en 2014, cuando el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de 2011 del TSJEx y mantenía que había que devolver los terrenos construidos a su estado original. En ese momento la Junta de Extremadura respondió alegando que era imposible ejecutar esas dos sentencias y demoler todo lo levantado.
Año 2015: La Junta solicita al TSJEx una evaluación pericial independiente antes del derribo
Tras las sentencias del derribo, la Junta de Extremadura solicitó un informe pericial independiente para determinar la incidencia que la construcción del complejo turístico ha tenido sobre el hábitat protegido para, entre otras cuestiones, poder establecer si esos efectos habían sido perjudiciales, neutros o beneficiosos para el hábitat y cuáles serían las consecuencias ambientales de una posible demolición. El TSJEx aceptó la petición y encargó el estudio a la Estación Biológica de Doñana, órgano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Año 2019: Llega el informe
El informe llegó en enero de 2019 a todas las partes y entre sus conclusiones estaba que a largo plazo tenía más perjuicios medioambientales mantener el complejo que derribarlo parcialmente. Luego hubo un periodo de alegaciones y una vista pública el 12 de septiembre en la que los peritos del CSIC se ratificaron en su estudio.
Ese mismo año, siete meses después de que el TSJEx planteara una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma de la Ley de Suelo que aprobó la Asamblea extremeña en 2011 para dar cobertura legal al complejo Isla de Valdecañas, el Tribunal Constitucional dio la razón a las organizaciones ecologistas y aseguró que efectivamente eran inconstitucionales aquellos cambios que se introdujeron solo veinte días después de la primera sentencia que obligaba a demoler el resort turístico.
Año 2020: Demolición parcial
El TSJEx ordena demoler solo lo que está a medio construir y mantener las 185 villas, el hotel y las instalaciones de ocio. Señala que el derribo total sería imposible, costaría 145 millones y que el resort no afecta al medioambiente. También ordena la demolición de las oficinas de la promotora y de la vivienda piloto y prohibió cualquier nueva construcción en la isla.
Año 2021: La Junta inicia los trámites para el derribo
Con un presupuesto de 64.945 euros, el ejecutivo autonómico encargó a la empresa pública Tragsatec que se ocupará de la redacción del proyecto de demolición de las construcciones inacabadas en el resort. El auto del juez indicaba también que los trabajos de derribo deben realizarse «de forma ordenada y programada» causando el menor perjuicio posible para el medio ambiente.
Febrero de 2022: La última decisión judicial
El Tribunal Supremo obliga a la demolición completa del complejo Isla de Valdecañas y no solo parcial. Así, un nuevo fallo contradice ahora la decisión final tomada por el TSJEx sobre el futuro del complejo residencial y turístico, ubicado en los términos cacereños de El Gordo y Berrocalejo.
A falta de conocer la sentencia, la Junta por el momento no valorará esta decisión.
Fuentes: https://elpais.com / https://www.elperiodicoextremadura.com / https://www.elconfidencial.com