La diputada nacional por Santa Cruz Ana María Ianni presentó un proyecto de resolución para exigirle al Poder Ejecutivo Nacional que informe en detalle la situación de Intercargo, luego de que el Ministerio de Economía declarara desierta la licitación pública para privatizar la empresa 

La iniciativa solicita explicaciones sobre por qué no se presentó ningún oferente al llamado, qué alternativa adoptará el Gobierno para avanzar con la privatización dispuesta por ellos a través de la Ley Bases, y cuáles son los motivos del cierre de las bases operativas de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia. 

El proyecto también pide precisiones sobre el retiro de los equipamientos para atender aviones de fuselaje ancho en la mayoría de los destinos del país, quiénes son los responsables de estas decisiones, y si hay planes de cerrar o reducir operaciones en otros aeropuertos. 

La legisladora remarcó que el cierre de bases y el retiro de equipamiento técnico se dispusieron "sin fundamentación técnica ni económica conocida", y advirtió que la conectividad aérea en la Patagonia —clave para el turismo, la producción y el acceso a servicios esenciales en El Calafate, Río Gallegos y Comodoro Rivadavia— no puede analizarse solo con criterio de rentabilidad de corto plazo. 

"La ausencia total de ofertas en la licitación pone en duda la consistencia del esquema que impulsó el propio Gobierno y profundiza la incertidumbre entre más de 1.500 trabajadores sobre su futuro laboral", señaló Ianni.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

RESUELVE 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, en los términos del artículo 100 inciso 11 de la Constitución Nacional que, por intermedio del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en particular la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, informe de manera pormenorizada a esta Honorable Cámara sobre la situación actual de Intercargo S.A.U. ante la Resolución 1148/2026 del Ministerio de Economía que declaró desierta la licitación pública para privatizar la empresa, respecto a los siguientes puntos: 

1. Informe las razones técnicas, financieras y de mercado por las cuales no se presentaron oferentes al llamado a Licitación Pública N° 504/2-0002-LPU26, precisando si se han identificado inconsistencias o falta de atractivo en las condiciones fijadas en el Pliego Único de Bases y Condiciones y sus sucesivas modificaciones. 

2. Indique cuál será el procedimiento, alternativa legal o nuevo esquema licitatorio que adoptará el Ministerio de Economía para dar cumplimiento a la privatización de Intercargo S.A.U. dispuesta por la Ley N° 27.742, detallando los plazos y la estrategia prevista respecto de la continuidad operativa de la empresa estatal. 

3. Informe los motivos operativos, técnicos o comerciales por los cuales se ha dispuesto el cierre de las bases de Intercargo S.A.U. en los aeropuertos de Río Gallegos (RGL) y Comodoro Rivadavia (CRD), detallando en qué condiciones quedará la prestación del servicio de rampa y atención aeroportuaria en dichas escalas, así como el esquema laboral y de reasignación previsto para el personal afectado. 

4. Indique las razones del retiro de los equipamientos para la atención de aeronaves de fuselaje ancho (alto) en la mayoría de los destinos del país, precisando el destino definitivo o reubicación de dicho material rodante y operativo. 

5. Informe los funcionarios u órganos de administración responsables de tomar las decisiones referidas al cierre de bases y al retiro del equipamiento técnico mencionado en los puntos anteriores. 

6. Indique si se encuentra previsto el cierre o reducción de operaciones en otras escalas aeroportuarias del país; en caso afirmativo, especifique cuáles y remita copia de los informes técnicos y de factibilidad que avalen dicha planificación.

IANNI, ANA MARIA PENACCA, PAULA ANDREA GIULIANO DIEGO A. LUQUE, JUAN PABLO MOLINA, JUAN CARLOS GLINSKI, JOSÉ LANESAN SANCHO, MOIRA CARIGNANO, FLORENCIA SERQUIS, ADRIANA CRISTINA TODERO, PABLO MANGO, MARCELO ARAUJO HERNÁNDEZ, JORGE NERI ANDINO, CRISTIAN FREITES, ANDREA SELVA, SABRINA

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: El presente proyecto de resolución tiene por objeto requerir al Poder Ejecutivo Nacional información fehaciente, precisada, documentada y actualizada sobre la situación técnica, operativa, patrimonial y laboral de la empresa estatal INTERCARGO S.A.U., sus actuaciones en el marco del proceso de privatización, la continuidad de sus operaciones en las dieciséis escalas aeroportuarias que atiende en todo el país y, de manera específica, la afectación en los aeropuertos internacionales “Comandante Armando Tola” de El Calafate, “Piloto Civil Norberto Fernández” de Río Gallegos y “General Enrique Mosconi” de Comodoro Rivadavia.

El Gobierno Nacional impulsó la privatización total de la empresa mediante la autorización del Decreto N° 198/2025 y el posterior dictado de la Resolución N° 1067/2025 del Ministerio de Economía para la venta del 100% del paquete accionario. 

En dicho marco, la Resolución N° 282/2026 dispuso el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504/2-0002-LPU26. Sin embargo, tras el dictado de sucesivas normas modificatorias que prorrogaron plazos y readecuaron los pliegos de bases y condiciones, como la Resolución N° 833/2026, el procedimiento concluyó con la declaración de licitación desierta mediante la Resolución N° 1148/2026 al no haberse recibido propuesta alguna por parte de oferentes interesados. 

El fracaso de dicho procedimiento licitatorio no constituye un mero imprevisto administrativo ya que la ausencia total de ofertas pone en discusión la consistencia técnica del esquema impulsado por el Gobierno Nacional y profundiza un escenario de incertidumbre respecto de la estrategia futura que adoptará el Estado Nacional respecto de la empresa, así como entre los más de 1.500 trabajadores y trabajadoras sobre la preservación de sus puestos de trabajo, sus condiciones laborales y el rol de la empresa pública de aquí en adelante. 

A pesar de ello, hasta la fecha, no se ha informado formalmente si se convocará a un nuevo llamado, si se modificarán los pliegos, si se avanzará hacia una reorganización operativa o si se procederá al desmembramiento o transferencia fragmentada de sus activos y funciones. 

A este contexto de indefinición patrimonial y corporativa se suman graves decisiones operativas adoptadas en el último período que afectan directamente la capacidad prestacional de la empresa y la conectividad territorial del país. 

En efecto, se ha tomado conocimiento del cierre de bases operativas históricas de INTERCARGO S.A.U. en escalas del interior como los aeropuertos de Río Gallegos (RGL) y Comodoro Rivadavia (CRD), así como del retiro deliberado de equipamiento indispensable para la atención de aeronaves de fuselaje ancho (alto) en la mayoría de las plazas del país donde la compañía presta servicios.

Dichas medidas, adoptadas sin la debida publicidad ni fundamentación técnica o económica conocida, generan alarma en las dieciséis escalas distribuidas en el territorio nacional, cuyo personal certificado posee la capacidad técnica para brindar asistencia a aeronaves de gran porte. 

En otras palabras, INTERCARGO S.A.U. desarrolla una función esencial para el sistema aerocomercial: la carga y descarga de equipaje, el remolque de aeronaves, la asistencia a pasajeros, el suministro de energía y agua, la limpieza y la logística en tierra. 

Por estas razones, creemos que la presencia de la empresa estatal en las escalas del interior no puede analizarse únicamente desde una perspectiva contable o de rentabilidad financiera de corto plazo. Aún más teniendo en cuenta que nuestro país está formado por provincias extensas y alejadas de los grandes centros urbanos y, por ende, la conectividad aérea constituye una herramienta central de integración territorial, desarrollo productivo, turismo y acceso a servicios esenciales. 

Esta consideración resulta de vital trascendencia para la región patagónica. El Calafate constituye una puerta de acceso estratégica para el turismo nacional e internacional; Río Gallegos resulta indispensable para la conectividad de la capital santacruceña y la vinculación austral; y Comodoro Rivadavia concentra actividades productivas, energéticas, comerciales y sanitarias de alcance regional. En estos territorios, el desmantelamiento de bases, el retiro de equipamiento técnico o el eventual abandono del servicio por parte del Estado comprometen la regularidad de las operaciones aéreas y amenazan con dejar a regiones clave sin la infraestructura mínima para sostener determinadas frecuencias. 

En síntesis, nuestra preocupación no se basa en el sostenimiento de preferencias ni eficiencias operativas endebles, sino en manifestar que la desregulación propuesta por el Gobierno Nacional se vislumbra, por contexto actual y por comprensión histórica, en una virtual desintegración territorial. 

Todavía más ante la apertura del mercado, la cual contiene la potencialidad de derivar en la concentración de servicios exclusivamente en los aeropuertos de alta rentabilidad comercial. Y aún mayor en el momento en que las y los trabajadores son utilizados como variable de ajuste dentro de un proceso de privatización que no logró despertar el interés de ningún oferente privado. 

Finalmente, cabe mencionar que la red aeroportuaria nacional funciona de manera integrada, donde las escalas de mayor tráfico contribuyen a sostener aquellas que cumplen una función social y federal insustituible. 

Allí donde la rentabilidad privada no alcanza de manera espontánea, es deber indelegable del Estado asumir su responsabilidad como ordenador, regulador y garante del interés generalPor todo lo expuesto, resulta indispensable que el Gobierno Nacional exponga con claridad los motivos técnicos que llevaron al fracaso del llamado licitatorio, detalle las alternativas regulatorias, patrimoniales y operativas que prevé implementar, y precise si existen planes para cerrar, reducir o discontinuar las operaciones de INTERCARGO S.A.U. 

Por las razones expresadas, solicitamos la aprobación del presente proyecto.